Acceso a la justicia en Chile: la pobreza que nadie conoce

La “pobreza legal” es una de las consecuencias de la pobreza socioeconómica. Supone que la relación entre los recursos y el acceso a la justicia es directamente proporcional, es decir: a menos plata menos acceso a la justicia y menos conocimiento de los derechos y garantías de las víctimas e imputados. Dicho fenómeno es producto de la ignorancia jurídica de amplios sectores de la ciudadanía y les impide hacer uso material e informado de la ley y sus instituciones.

Según el Defensor Regional Metropolitano Norte, Leonardo Moreno Holman, lo más común entre las personas de escasos recursos es no saber si quisiera a dónde dirigirse en caso de necesitar asistencia jurídica. Sin embargo, sostiene que la creación de la Defensoría Penal Pública es un gran paso en la modernización del sistema judicial chileno, “su creación y la labor de sus defensores vino a palear la denominada ‘pobreza legal’ que se produce especialmente en algunos sectores de la ciudadanía, que se ven privados de un acceso efectivo a la justicia por no tener un conocimiento efectivo tanto de cuáles son sus derechos, como de la manera de hacerlos efectivos y a través de qué medios”

La Directora Nacional del Programa de Acceso a la Justicia (PAJ) del ministerio de justicia, Isabel González, afirma que con el derecho de acceso a la justicia se busca “brindar la posibilidad a todas las personas, de acceder con el menor costo posible, al conocimiento, ejercicio y defensa de sus obligaciones mediante servicios de justicia cercanos a los usuarios”

Una efectiva garantía de este derecho implicará entonces que la calidad del servicio judicial requerido no solo se medirá de acuerdo a las destrezas de gestión de los abogados involucrados sino también conforme a su desempeño como formadores de conciencia jurídica que posibilite al usuario disponer de los conocimientos necesarios para tomar decisiones informadas y responsables en aquellos temas que lo comprometan.

La inclusión del derecho de acceso a la justicia como derecho humano de tercera generación –de solidaridad y bien común- implica que debe asegurar la asistencia judicial para todas las personas, así como garantizar la igualdad de las partes en el curso de un determinado proceso. No sólo eso, el derecho de acceso a la justicia supone también una instrucción formativa -e informativa- del usuario con el fin de que éste adquiera el conocimiento jurídico necesario para comprender el alcance de sus derechos y sus posibilidades en el litigio.Pero hasta el momento, todo lo anterior se queda en buenas intenciones.

Es un hecho objetivo que la desinformación judicial de los sectores más desprovistos es un obstáculo para la igualdad de condiciones en materia de acceso a la justicia. No existen los canales suficientes de transmisión de información que permitan a las personas de escasos recursos enterarse de sus derechos y deberes ante la ley. La mayoría de ellos con suerte sabe a quien recurrir si es víctima de un delito. Muchos optan por resolver los problemas en la justicia callejera donde el principal motor es la venganza. Aquí no hay jueces ni fiscales y la pena de muerte es aceptada. En términos de efectividad, podemos decir que es superior a la reforma procesal: los conflictos se resuelven en cosa de días. Sin embargo, no a todos les gusta este salvajismo judicial pues sumerge al resto de la población en el miedo y desaparece toda posibilidad de coexistencia pacífica. La verdadera justicia pareciera estar muy lejos de estas personas.

La Directora del Centro de Justicia de la Universidad de Chile y especialista en derecho penal, María Inés Horvitz sostiene al respecto que “Hay mucha desinformación respecto de los derechos de las personas. A pesar de que ahora se está solucionando, en alguna medida, la parte penal, en general la gente no solamente ha tenido una mala opinión de los servicios de justicia sino también tiene una mala percepción de los funcionarios públicos que están a cargo del servicio de justicia, de los abogados”.

Esta lamentable realidad se desprende de varias investigaciones, entre ellas la de “percepción de la población pobre de Santiago sobre las condiciones de acceso, equidad y satisfacción en la intención de justicia” realizado por la Universidad Católica Silva Henríquez, que no sorprende ni al más optimista. El 80,2% de los entrevistados piensa que la calidad de la justicia que obtienen los pobres es “mala” o “muy mala” y sólo un 1,9% estima que es “buena”.

Un 43,3% de los entrevistados considera que la calidad de la justicia que obtienen los pobres en Chile en la actualidad es "Igual que hace 10 años”, otro 30,3% estima que es “Peor que hace 10 años” o “Mucho peor que hace 10 años” y sólo un 20,6% cree que “Mejor que hace 10 años” o “Mucho mejor que hace 10 años”.

La investigación arrojó además que la principal idea que la población pobre de Santiago asocia en forma espontánea a Justicia es “igualdad para todos” (20,9%) y dictaminó que para el 61, 9% de los encuestados el Estado es el responsable de que las personas pobres obtengan justicia.

Respecto del acceso a ésta, el 92,1% considera que las personas con más recursos tienen mayor acceso a la justicia que las personas pobres y el 88,2% piensa que los pobres debieran tener justicia en forma gratuita.

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“Hay mala voluntad para atender a las personas”

En esta línea, el Observatorio Ciudadano de Acceso a la justicia de la corporación ONG Forja elaboró, en enero de 2005, un documento que estimó que aún en los servicios gratitos de asistencia jurídica (con excepción de la Defensoría Penal Pública) el costo mínimo y obligatorio para los usuarios es de setenta mil pesos. El periodista Juan Jorge Faúndes, encargado de dicho observatorio sostiene que esta es la razón de que el 50% de los chilenos esté imposibilitado de acceder al “mercado de la justicia”. Afirma, además, que hay tener en cuenta que una cosa es acceder, y otra la calidad del servicio que se recibe.

Desde esta perspectiva el sistema de justicia puede ser visto como un mercado con elevadas barreras de acceso, para ser utilizado principalmente por los sectores más ricos de la sociedad.

La pregunta que nos hacemos entonces es ¿la puesta en marcha de la reforma procesal penal, ha permitido a los sectores medios, bajos, pobres e indigentes acceder a una justicia penal de calidad realmente?

¿Centros de asistencia judicial?

Los centros de asistencia judicial (CAJs) son corporaciones de derecho y que cuentan con un consejo presidido por el Seremi de justicia e integrado por abogados de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Se financian con aporte fiscal y en un porcentaje menor con aportes de las municipalidades. Se atiende a familias urbanas que cuentan con 6 UF por cada integrante y a familias rurales con 3 UF por integrantes, además de detenidos, y afectados por violencia intra familiar.

Isabel González destaca la importancia de las CAJs “Contamos con profesionales que permitan entender bien los conflictos de las personas y asesorarlas para que lleven bien sus causas. Lo primero es, un examen de salud jurídica. Lo segundo una forma de solución. En algunas corporaciones incluso hay psicólogos que entregan protección a las victimas que han sufrido algún conflicto traumático o que amerite esta protección y cobijo psicológico”

De acuerdo a un estudio de la Universidad Católica de Valparaíso y presentado en el último foro iberamericano de acceso a la justicia concluyó que la potencial población usuaria de los Centros de asistencia jurídica corresponde a aquella ubicada en el 1º quintil del ingreso per cápita, esto es 3.632.201 personas. Es decir, el 23,5% de la población total nacional.

La población que efectivamente uso este tipo de asistencias durante el último año fue solo de 375.000 personas, es decir, el 2,4% de la población nacional y el 10,3% de la población potencialmente demandante.

El mismo estudio señala que de cada tres problemas de índole jurídico, se busca ayuda en dos (66,3%). Las 3 razones mencionadas para no buscar ayuda son, el no saber dónde acudir, carecer de dinero y no tener urgencia para resolverlo.

La Directora del PAJ sostiene que esta situación se debe fundamentalmente a la falta de información “Hay una extrema pobreza que no accede por falta de conocimiento, falta de información y posibilidades, por lejanía territorial, no se conoce el hecho de tener estos derechos, no saben que existen”.

Consultada respecto de la complejidad del lenguaje en que se presenta la información responde que “uno de los requerimientos para el acceso a la justicia es precisamente el lenguaje. Este debe ser cercano a las personas, entendible al igual que los procesos. Necesitamos una justicia más humana, más cercana a las personas, como dice el ex ministro Luis Bates “que la justicia se hable en un lenguaje que las personas entiendan”.

Leonardo Moreno sostiene que lo que incide más fundamentalmente en el desconocimiento de las personas es el escaso trabajo realizado en las bases “falta trabajo de difusión en la comunidad, en la junta de vecinos, en organizaciones comunitarias, falta trabajo de difusión en la base…”

Al igual que González sostiene que el lenguaje es fundamental en este sentido

“Es muy relevante formular un discurso que la gente entienda, los abogados tendemos a hablar en complejo y por lo tanto lo importante es tener un lenguaje para cada grupo, para los jóvenes, para el adulto mayor, para los pobres…”

Reprobados

La reforma procesal penal pretende que a los imputados se les trate dignamente sin incurrir en las prácticas abusivas y discriminatorias que eran propias del sistema antiguo, fundamentalmente de las policías que, según María Inés Horvitz, cuentan con un gran poder de definición al tener en sus manos la decisión del trato que se le da a cada imputado. “La policía opera con cierto estereotipo que aprenden en las escuelas. Este estereotipo coincide con el de aquellos delincuentes que provienen de una determinada clase social”

Esta situación, sin embargo, no es desaprobada por la ciudadanía que evaluó a carabineros con nota 4,4 en el mismo estudio realizado por la UCSH. Los tribunales de justicia, en cambio, apenas obtuvieron un 3,7. La percepción ciudadana respecto de la justicia, claramente es negativa. Isabel González opina que los medios de comunicación son, en parte, responsables de esto “me da la impresión de que la prensa también influye mucho en la percepción ciudadana negativa respecto de la justicia”.

La reforma procesal penal entrega una serie de derechos a los imputados con el fin de no estigmatizarlos ni violentar su dignidad como personas. Se trata en definitiva de garantizar los derechos más básicos a los cuales debiera aspirar todo sistema de justicia.

Los imputados tienen derecho a no ser sometidos a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La defensa de los imputados debe ser gratuita, lo que favorece aún más su situación pues ya no deberán pagar los setenta mil pesos que antes se requerían para las formalidades de la asistencia jurídica. Si a eso le sumamos que para iniciar un proceso formal no sólo basta la denuncia sino que ésta debe ir acompañada de antecedentes que permitan individualizar e inferir el vínculo con el delito por el cual se acusa a una determinada persona, podemos decir que al menos legalmente las malas prácticas a las cuales muchas personas de sectores marginales estaban acostumbradas han quedado obsoletas y son objeto de denuncia en el caso de producirse.

Horvitz está conciente de que las reformas no implican cambios inmediatos porque “hay muchos operadores, incluyendo jueces que son todos del antiguo sistema y están culturizados en un sistema en que no se reconocía este tipo de derechos al imputado. Les ha costado mucho ver al imputado de una manera diferente a como era antes. Hay muchos que todavía que los tratan de malvados. Ni siquiera son capaces de entender de que aunque sean efectivamente culpables, tienen derechos”

De acuerdo al estudio mencionado antes, los principales factores que limitarían las posibilidades de que una familia pobre obtenga más justicia, son: No tener acceso abogados (60, 5%). Discriminación por parte de las instituciones y los funcionarios (59,2%). No ser tomados en cuenta (57,2%). Bajo nivel educacional de las personas (56,9%). No saber donde acudir (51,6%) y la burocracia de las instituciones (46,7%).

Estos resultados reflejan tendencias similares a años anteriores incrementándose el porcentaje de personas que se inclinó por cada una de ellas, debiéndose tener presente que podían seleccionar más de una alternativa.

Desafíos para el futuro

Hay ocasiones en las que ante las denuncias, se aplica la facultad de no investigar o el principio de oportunidad, situaciones que también favorecen a los imputados y permiten la acumulación de casos que no son investigados por considerarse que no poseen los antecedentes suficientes. Hasta la fecha un 49,6% de las denuncias se han archivado por esta razón.

Leonardo Moreno opina al respecto que “un sistema procesal moderno no puede procesar todas las denunciar que se generen en su interior. En ninguna parte del mundo el sistema procesal es capaz de procesar todas las denuncias. Esto es al revés, un sistema procesal eficiente lo que tiene que hacer es selectivo.” Esto porque sencillamente no hay plata para perseguir todas las denuncias ni para investigar todos los delitos.

El abogado explica además que “Todos los sistemas del mundo son selectivos. De cada 100 denuncias un sistema realmente eficiente no debiera tramitar más de 30. Esto es una regla del juego y ahí está el problema de acceso a la información. Le vendimos mal esto a la gente, porque se vendió el sistema como solucionador de un problema que no lo es”.

Un sistema sano entonces favorece soluciones alternativas como la mediación y no judiacializa todas las denuncias.

La Directora del Programa de Acceso a la Justicia explica respecto de este punto que “Lo que se está haciendo es prevención y difusión de los derechos de las personas. Se busca la mediación, la negociación. Nosotros promovemos la mediación porque consideramos que es una de las herramientas más importantes para favorecer la participación social. La mediación es un instrumento que te ayuda a resolver los conflictos de forma más permanente. No se trata solamente de descongestionar los tribunales sino que creemos que una sociedad sana podría usar como herramienta la mediación”

Cuando se pretende trabajar el problema de la criminología en serio, un eficiente sistema judicial no debiera preocuparse tan solo del castigo. Al menos así lo creen Moreno y Horvitz. Antes está la prevención, esto significa terminar con las fallas de discriminación existentes y generar condiciones igualitarias de educación, de salud e igualdad de oportunidades.

“En vez de pensar en construir una cárcel para poner ahí a 3 mil o 4 mil personas, es más rentable –según paz ciudadana- invertir un dólar en la educación de un joven que un dólar invertido en un dólar privado de libertad” ejemplifica Moreno.

Se trata entonces de cambiar los paradigmas en que se ha basado el sistema penal en Chile.

La sociedad moderna funciona bajo la lógica de los castigos a los que son distintos y ese castigo se expresa de diversas formas. Una es la exclusión social: “Los sectores marginales y poblacionales no juegan el juego de la modernidad. Ellos están fuera. Ellos no acceden a los bienes, a los vehículos, están al margen. Nadie se hace cargo de poner a estas personas en una situación equivalente a la de personas de una posición más acomodada” agrega el Defensor.

Una opinión contraría tiene el periodista y director de la ONG Forja, Juan Jorge Faúndez, para él, el hecho de que se archiven casi el 50% de las denuncias redunda en altos niveles de desaprobación del sistema de justicia por los grados de frustración que produce el hecho de no ser tomado en cuenta.

Isabel González reconoce esta situación y piensa que es un tema que debería reforzarse. “Se necesita una atención jurídica para los delitos no violentos que actualmente no lo tienen”. Sin embargo, sostiene que los esfuerzos están dirigidos en esa dirección.

Ser atendido, recibir trato digno, denunciar el delito, ser informado, solicitar protección, obtener reparación, ser escuchado, interponer querella, participar en el proceso y reclamar, son algunos de los derechos que las víctimas tienen y que deben ser difundidos. María Inés Horvitz señala que es fundamental la implementación de cursos de Educación Cívica en los colegios porque “esta es la única manera de asegurar el conocimiento de los derechos y las posibilidades tanto de las víctimas e imputados”.

Todos coinciden en que se ha hecho bastante pero aún queda mucho por hacer y que es responsabilidad de todos los ciudadanos aprender a denunciar y a hacernos responsables de esas denuncias. Isabel González lo explica de la siguiente manera “Debemos asumir una cultura jurídica más activa”.

Mientras el Estado no quiera empoderar a los ciudadanos no será mucho lo que avancemos en materia de acceso a la justicia.